“ICE vete al carajo de Minneapolis. No te queremos aquí”

Esta frase del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, parece resumir el sentimiento que se extiende por todo el país ante las actuaciones de los oficiales del gobierno federal encargados de ejecutar las acciones en contra de la migración indocumentada.

La indignación se ha generalizado después de la muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana de 37 años y madre de un pequeño de 6 años , quien murió luego de recibir varios balazos por parte de un oficial de Ice cuando intentaba huir en medio de un operativo a gran escala en esta ciudad de Minnesota.

La Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el incidente como un acto de terrorismo doméstico defendiendo a su personal porque “la mujer intento usar su vehículo como una arma contra ellos”. El presidente, Donald Trump, respaldó la versión, agregando que fue en un acto de legítima defensa.

Pero los videos del hecho y los testimonios de personas que vieron lo ocurrido muestran y dicen algo completamente diferente. Nunca se ve a la víctima intentar actuar contra los oficiales federales sino más bien intentar abandonar el lugar.

El gobierno le echa la culpa a lo que denominan incitación de la izquierda radical. Pero la realidad muestra que la agresividad, violencia y violación de los derechos constitucionales de muchas personas se ven a diario en los operativos en diferentes zonas del país.

Con el de Minneapolis ya son cinco los hechos en los cuales civiles han perdido su vida en operativos de oficiales federales. En Chicago, el cocinero mexicano Silverio Villegas en una parada de tráfico. En Camarillo, California, el trabajador agrícola Jaime Alaniz en una redada. En Monrovia, el guatemalteco Roberto Carlos Montoya quien fue atropellado por un auto cuando huía de un operativo en un tienda Home Depot. En Virginia, Josue Castro, un jardinero hondureño, que intentaba escapar durante una parada migratoria cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

El uso de fuerza letal contra quienes, en su mayoría, son trabajadores sin estatus migratorio pero no criminales, revive el debate sobre lo que debe ser las actuaciones de las autoridades. Las leyes y la constitución permiten un accionar con fuerza sólo en situaciones especiales que no parece ser la reacción de quienes se ven acorralados y maltratados o de quienes hacen parte de las protestas ciudadanas contra lo que se considera un abuso de autoridad.

Lo que mal empieza, mal termina, decían las abuelas con su amplia sabiduría. Y en el caos generado por la “cacería de migrantes” en los Estados Unidos valdría la pena tenerlo en cuenta. ¡Tanta fuerza bruta, solo puede terminar en tragedia y muerte!