Jueza federal desestima demanda del DOJ contra Arizona por acceso a registros electorales estatales

PHOENIX, Arizona — La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, y el secretario de Estado, Adrian Fontes, celebraron hoy la decisión de la jueza federal Susan Brnovich de desestimar la demanda presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) de la administración Trump, que buscaba obligar al estado a entregar su base de datos completa de registro de votantes al gobierno federal. El fallo representa una victoria significativa para Arizona en la defensa de la privacidad de millones de votantes, ya que la base de datos solicitada contiene información altamente sensible, incluyendo direcciones residenciales, fechas de nacimiento, números de Seguro Social y licencias de conducir. Según la corte, el Título III de la Ley de Derechos Civiles no otorga autoridad legal al gobierno federal para exigir el acceso a estos registros estatales de manera tan amplia. “Arizona actuó correctamente al rechazar esta solicitud, y la decisión de hoy valida plenamente esa postura”, señalaron Mayes y Fontes en un comunicado conjunto. Con este fallo, ya son seis tribunales federales que han llegado a la misma conclusión, reforzando los límites legales sobre el alcance del gobierno federal en materia de acceso a información electoral estatal. Las autoridades de Arizona subrayaron que continuarán defendiendo la privacidad de los votantes frente a lo que calificaron como una extralimitación federal. La resolución también podría tener implicaciones nacionales en futuros intentos del gobierno federal por obtener acceso masivo a registros electorales estatales, consolidando precedentes judiciales en favor de la protección de datos personales y la autonomía estatal en la administración electoral. Esto dice el comunicado emitido por la oficina del Secretario de Estado Adrian Fontes: Statement from AG Mayes and SOS Fontes on Dismissal of DOJ’s Lawsuit Demanding Arizona’s Voter Rolls PHOENIX – Today, Judge Susan Brnovich rightfully dismissed the Trump Administration's lawsuit demanding Arizona hand over its statewide voter registration rolls to the federal government. That database contains the sensitive personal information of millions of Arizona voters—home addresses, dates of birth, and Social Security and driver's license numbers. But the Court was clear: Title III of the Civil Rights Act does not authorize this demand. This is now the sixth federal court to reach the same conclusion. Arizona acted correctly in refusing this request, and today's ruling vindicates that decision. Our offices will continue to defend the privacy of Arizona voters against federal overreach.